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Colombia: fin al hostigamiento del periodista Juan Pablo Barrientos

martes 19 noviembre 2019 - 5:13pm

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Londres, 19 de noviembre de 2019.- Los intentos de censurar el libro Dejad que los niños vengan a mí, así como el acoso legal en contra del periodista colombiano Juan Pablo Barrientos muestran que las autoridades colombianas no están actuando en favor de la libertad de expresión, declara hoy PEN Internacional. La organización pide a las autoridades que pongan fin al hostigamiento legal al periodista y no se intente, por ninguna vía, retirar su libro de circulación o revelar las fuentes de información, derecho protegido por la Constitución de Colombia.

A finales de septiembre de 2019, salió a la venta el libro Dejad que los niños vengan a mí, del periodista Juan Pablo Barrientos, publicado por Editorial Planeta. El libro, resultado de una investigación sobre denuncias de abuso sexual a menores, cuenta la historia supuestamente realizados por integrantes de la Iglesia Católica en Colombia. En el libro se presentan los casos de 28 víctimas y 18 sacerdotes que presuntamente cometieron el abuso. Su versión radiofónica en 2018 fue reconocida con el Premio Simón Bolívar a Mejor Investigación Radial.

De acuerdo con información pública, en cuanto el libro fue distribuido, se presentaron por separado tres tutelas por parte de dos sacerdotes y un excoordinador de monaguillos, señalados en la investigación como presuntos responsables. La “acción de tutela” es un mecanismo expedito para proteger los derechos, cuando estos resulten vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública. Las tutelas han tenido un proceso legal más rápido que lo normal que derivaron en una decisión legal como “medida provisional en el marco del proceso”, mientras el caso se investigaba. El juez Rafael Vásquez Gómez, titular del Juzgado Promiscuo Municipal de San Rafael, en el departamento de Antioquia, ordenó la suspensión de la “reproducción, comercialización y venta del libro” hasta que lo leyera y analizara si vulneraba el buen nombre de al menos uno de los acusados. Según la revista Rolling Stone, el juez indicó que no se pudo demostrar que “lo descrito en el libro Dejad de los niños vengan a mí, obedeció a una intención dañina del autor del libro en contra de sus derechos [de quien puso la tutela] y no a un ejercicio serio e investigativo de unos hechos presuntamente reales y verificables”. Por ello, el juez levantó la suspensión de la reproducción y venta del libro el pasado 5 de noviembre.

PEN apoya la posibilidad de que ciudadanos puedan defender sus derechos a través de las tutelas, sin embargo, en este caso, la orden del juez de suspender la publicación del libro antes de haberlo leído contradice el Artículo 20 de la Constitución Política, en el que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Colombia es Estado Parte, en el que se defiende el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. De acuerdo con la FLIP, “La Corte Constitucional ha dicho que las autoridades, incluidos los jueces, no pueden establecer medidas de ‘supeditar la divulgación del contenido a su permiso, autorización, examen previo, o al recorte, adaptación o modificación”.

“No se debe impedir a ningún escritor o periodista colombiano que haga su trabajo, el cual incluye investigar e informar a los lectores sobre un asunto de importancia pública. Los periodistas y escritores están cumpliendo con su deber y tienen derecho a expresarse libremente de conformidad con la ley. Las autoridades tienen la obligación de respetar y proteger esos derechos para que periodistas y escritores puedan llevar a cabo su importante trabajo, que solo promueve la democracia y la justicia”, dijo Salil Tripathi, presidente del Comité de Escritores en Prisión de PEN Internacional.

Según información publicada por la FLIP, Barrientos se enfrentó a un mayor hostigamiento cuando otro tribunal, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Ceja, Antioquia, decidió el 29 de octubre que el periodista tenía cuatro horas para revelar sus fuentes, señalando que ‘la negativa a entregar la información requerida llevará a imponer las acciones disciplinarias y/o penales a que haya lugar’, una decisión que violenta el derecho de los periodistas de proteger sus fuentes, protegido en el Artículo 74 de la Constitución Política de Colombia.

“En el curso de la investigación que lo llevó a publicar su libro, Juan Pablo Barrientos descubrió casos de pederastia perpetrados por sacerdotes colombianos en los cuales los prelados solo informaron a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano, mas no a la Fiscalía. PEN Colombia cuestiona el proceder de determinados jueces y los conminamos a proteger el derecho a informar y ser informados, como se estipula en la Constitución Nacional de 1991”, comenta Carlos Vasquez-Zawadski, presidente del Centro PEN Colombia.

El 14 de noviembre, Barrientos confirmó que las tres tutelas habían sido falladas en su favor. PEN Internacional celebra esta decisión en favor del derecho al ejercicio de la libertad de expresión de Barrientos, y llama a las autoridades colombianas a que se abstengan de someter a Barrientos a una mayor censura o exigirle que revele sus fuentes.

Para más información, póngase en contacto con Alicia Quiñones de PEN Internacional: Koops Mill Mews, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, correo electrónico: Alicia.quinones@pen-international.org