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México: Frente al alza de los asesinatos de periodistas, exigimos a las autoridades prevenir, proteger e investigar diligentemente

lunes 23 mayo 2022 - 7:56pm

Mexico Journalist Killed

En los cinco primeros meses de 2022 generó alerta en México el estrepitoso incremento de violencia letal contra periodistas, resultando en los asesinatos de 11 integrantes del gremio periodístico en el país. ARTICLE 19, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Comunicación e Información de la mujer (CIMAC), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y PEN Internacional se mantienen alertas y documentan estos asesinatos entablando diálogos con las autoridades, familiares de las víctimas y el gremio periodístico.

Hasta la fecha, las organizaciones han identificado que, en al menos 8 de estos casos, el móvil puede estar vinculado con su ejercicio periodístico. De continuar esta tendencia, el 2022 podría convertirse en uno de los años más letales contra la prensa desde que se tiene registro. Las organizaciones recuerdan sus nombres y expresan su solidaridad con sus familiares y sus colegas de la prensa mexicana:



10 de enero

José Luis Gamboa Arenas

Inforegio Network

Veracruz

17 de enero

Margarito Martínez Esquivel

Independiente

Baja California

23 de enero

Lourdes Maldonado López

Sintoniza Sin Censura

Baja California

31 de enero

Roberto Toledo

Monitor Michoacán

Michoacán

10 de febrero

Heber López Vázquez

Noticias Web

Oaxaca

24 de febrero

Jorge Luis Camero Zazueta

El Informativo

Sonora

4 de marzo

Juan Carlos Muñiz

Testigo Minero

Zacatecas

15 de marzo

Armando Linares López

Monitor Michoacán

Michoacán

5 de mayo

Luis Enrique Ramirez Ramos

El Debate

Sinaloa

9 de mayo

Yesenia Mollinedo Falconi

El Veraz

Veracruz

9 de mayo

Sheila Johana García Olivera

El Veraz

Veracruz


Ante esta ola de violencia, las organizaciones firmantes ven con preocupación algunas tendencias en las investigaciones y presuntos resultados reportados por los poderes ejecutivos a niveles estatal y federal.

Ausencia del Protocolo Homologado

Preocupa a las organizaciones la falta de cumplimiento del Protocolo Homologado para la Investigación de delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión toda vez que se desestima la labor periodística de las víctimas.

El Ejecutivo Federal no contabiliza como periodistas a Jorge Luis Camero y Roberto Toledo, en vista de que desempeñaban otras labores además del periodismo. Recordamos a las autoridades que la definición de periodismo enmarcada tanto por los estándares internacionales de libertad de expresión, como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no debe considerarse como periodista sólo a quien ejerza el periodismo como única labor en algún medio de comunicación, sino por su labor y función social que es la de informar. Asimismo, el Protocolo Homologado, establece que es obligación de las fiscalías el considerar la labor periodística como una de las líneas principales dentro de las investigaciones.

Filtraciones y detenciones erróneas

ARTICLE 19, el CPJ, CIMAC, RSF y PEN han documentado la filtración de evidencias a redes sociales y medios de comunicación en los casos de Yesenia Mollinedo y Johana García, así como de Roberto Toledo. Las filtraciones no sólo pueden generar graves afectaciones sobre la investigación en curso y el debido proceso que busca el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas. De la misma forma, el uso no consensuado de las fotografías de las víctimas vulnera la protección de las familias y compromete las investigaciones. Las imágenes y audios son compartidas a través de campañas de desprestigio, en las cuáles presuntamente involucran a las personas periodistas en supuestas actividades ilícitas o de otra índole laboral, buscan desvincular los asesinatos de su labor periodística.

Es alarmante también para las organizaciones abajo firmantes la detención de una persona no vinculada al caso de Yesenia Mollinedo y Johana García. La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó el 17 de mayo sobre la detención; sin embargo, horas más tarde dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que la persona estaba en libertad dado que había sido detenido erróneamente: “al validar su identidad por esta fiscalía y determinar que se trató de una homonimia, fue puesto en libertad de inmediato para evitar vulnerar sus derechos.”. Este tipo de actuaciones además de perpetuar la impunidad, pareciera proteger a los verdaderos agresores, manteniendo sin acceso a la justicia y a la verdad a las víctimas, sus familias y la sociedad.

Estigmatizaciones e información no verificada

Desde instancias tanto a nivel federal como estatal, las autoridades han afirmado, sin tener concluídas las líneas de investigación, que los crímenes cometidos en contra de las personas periodistas tienen que ver con el crimen organizado y no con la libertad de expresión. En las conferencias diarias del Ejecutivo Federal se presentan supuestos avances de detenciones en los casos los cuales únicamente vinculan a grupos de delincuencia organizada. ARTICLE 19, el CPJ, CIMAC, RSF y PEN expresan su preocupación por esta postura del Estado mexicano ya que estas expresiones primeramente revictimizan a las víctimas al desvincular, de manera apresurada, de su labor periodística. Asimismo, las declaraciones buscan eximir de responsabilidades al Estado mexicano tanto en la prevención de la violencia y protección de la prensa, como en la labor de investigar e identificar a todas las personas responsables.

Al respecto, el hecho de que los asesinos materiales sean de la delincuencia organizada, no debe en automático desvincularse de la libertad de expresión o de posibles involucramientos de autores intelectuales en su carácter de agentes estatales o no estatales. Como se ha mostrado en investigaciones académicas y judiciales, en muchas regiones del país, distintas estructuras y agentes del Estado están relacionados de formas diversas con el crimen organizado. Así, afirmar sin una investigación exhaustiva que estos asesinatos han sido cometidos por el crimen organizado sin algún grado de involucramiento del Estado, contraviene la debida diligencia en la investigación de los casos. Para tener certeza sobre quiénes son los autores materiales, los intelectuales y las redes que permiten que estos asesinatos se sigan cometiendo, se necesitan investigaciones diligentes, objetivas, imparciales y exhaustivas por parte de las autoridades.

Otra señal de alerta para las organizaciones es que, en el espacio de la conferencia presidencial, se presentan discrepancias entre las declaraciones de las autoridades a nivel federal y estatal. Como ejemplo de esto, el pasado 12 de mayo, el Subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, informó que fueron identificados los autores materiales del homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez. Horas más tarde, la Fiscal General del Estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, desmintió que se tengan identificados a los autores materiales, y aclaró que no se deben adelantar posibles resultados hasta no tener certeza.

Por otro lado, presentar públicamente el número de personas detenidas por sí mismo no garantiza justicia ni reparación del daño a las víctimas hasta que se identifique a todas las personas responsables y hayan sido juzgadas y sancionadas en el marco del debido proceso.

En este sentido cabe destacar que la información se constriñe a nueve periodistas asesinados este año pero sigue pendiente el esclarecimiento de, por lo menos, 153 asesinatos desde el año 2000, de los cuales además de los 9 reportados en las conferencias, otros 27 fueron cometidos durante el sexenio actual.

En vista de lo anterior, ARTICLE 19, el CPJ, CIMAC, RSF y PEN exigen:

  • Al Estado mexicano, asumir su responsabilidad y brindar justicia a todas las personas periodistas asesinadas. Asimismo, debe aceptar su rol en la prevención, la protección y reacción ante emergencias, incluida la atención integral a víctimas. Esto resalta la necesidad urgente de una política pública integral de protección.
  • También al Estado mexicano, es indispensable para dar certeza a las investigaciones que exista una mayor comunicación y coordinación entre autoridades federales, estatales, y municipales.
  • A las Fiscalías Generales de los Estados (FGE), implementar debidamente el Protocolo Homologado para la Investigación de delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión. Y, en ese sentido, al Ejecutivo Federal, permitir sin intervención el rumbo de las investigaciones, en vez desestimar, desde un inicio, que no hay vínculo con la labor periodística.
  • Aunado a esto, en el caso de Yesenia Mollinedo y Sheila Yohana García, las organizaciones conminan a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a investigar con perspectiva de género, considerado como un elemento transversal en la actuación del personal de la Fiscalía así como en las investigaciones.
  • Al Ejecutivo Federal, abstenerse de estigmatizar al gremio periodístico, evitar la desinformación en sus conferencias matutinas, y condenar enérgicamente todo tipo de violencia contra la prensa.