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México: PEN condena asesinatos a tres periodistas en menos de un mes

martes 25 enero 2022 - 11:55am

Lourdes Maldonado López

El gobierno de México deberá de mejorar sus mecanismos de protección a periodistas y eliminar el ciclo de impunidad en las investigaciones de los crímenes contra la prensa, el asesinato de Lourdes Maldonado López vuelve a situar a México como el lugar de mayor violencia en contra de la prensa en la región. Más del 90% de los crímenes continúa impune: una muestra de la ineficacia de las autoridades mexicanas en la protección a periodistas y en la impartición de justicia, declaró hoy PEN Internacional.

El 23 de enero de 2022, la periodista Lourdes Maldonado fue asesinada con armas de fuego en su automóvil en la ciudad de Tijuana, Baja California. De acuerdo con informaciones públicas, Maldonado estaba inscrita en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos. En 2019, durante la conferencia matutina del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, la periodista expuso su situación de riesgo y solicitó apoyo a las autoridades mexicanas por temor a represalias.

“El crimen de Lourdes Maldonado expone, una vez más, la falta de garantías para los y las periodistas en México. Cada asesinato es mensaje para los grupos criminales y los grupos de poder que gozan de impunidad. El gobierno deberá dar resultados concretos sobre las investigaciones”, declaró Romana Cacchioli, directora ejecutiva de PEN Internacional.

Lourdes Maldonado López es la segunda periodista asesinada en Tijuana en este 2022, después del reportero gráfico Margarito Martínez, quien fue atacado a balazos el 17 de enero de 2022 cuando subía a su vehículo en su casa en el barrio Camino Verde.

Además, el 10 de enero de 2022 fue asesinado el periodista José Luis Gamboa Arenas, director del medio digital Inforegio, donde daba difusión a problemas de inseguridad y política.

PEN Internacional dará seguimiento a las investigaciones de estos crímenes y llama a los gobiernos locales a implementar los protocolos de investigación de delitos contra la libertad de expresión, y al gobierno federal, a través de su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión, a atraer las investigaciones de los periodistas asesinados.