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Nicaragua: fin de la represión contra la libertad de prensa y la protesta pacífica

viernes 7 septiembre 2018 - 4:23pm

Alfredo Zúñiga siendo atacado (Fuente: Comercio)

7 de septiembre de 2018

PEN Internacional está profundamente preocupado por el deterioro del clima de la libertad de expresión en Nicaragua. Desde el estallido de las protestas sociales en contra de las reformas al sistema de seguridad social del país, en abril de 2018, las autoridades nicaragüenses han fracasado en la defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos, incluyendo su derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica e información. Escritores, periodistas, blogueros y ciudadanos, quienes han sido informando sobre la situación actual, han enfrentado intimidación, amenazas, ataques, hostigamiento, así como el robo y la confiscación de sus equipos. PEN Internacional llama a las autoridades nicaragüenses a proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, incluyendo el derecho a la libre expresión y reunión pacífica.

Por favor, envíe sus llamados a las autoridades nicaragüenses:

  • Expresando su preocupación por su incapacidad de defender los derechos humanos de sus ciudadanos;
  • Instándolas a proteger los derechos de todos a expresar libremente sus opiniones sin temor a represalias;
  • Instándolas a la investigación inmediata de las muertes, daños a la propiedad y persecución de periodistas, blogueros y escritores, y a garantizar que existan suficientes recursos financieros, humanos y publicar los resultados de tales investigaciones, y llevar a los perpetradores ante la justicia;
  • Pidiéndoles que se abstengan de hacer declaraciones públicas para estigmatizar a periodistas y a otras personas, y de que utilicen los medios de comunicación estatales para realizar campañas públicas que puedan alentar la violencia contra las personas debido a sus opiniones;
  • Instándolas a cumplir con sus obligaciones de proteger la libertad de expresión y de reunión como signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Enviar apelaciones a:

Presidente de la República

Daniel Ortega

Presidencia de la República, frente a Palacio Nacional, 4 Calle Noroeste Managua, Nicaragua, 11001

Fax: +505 2228 9090

Twitter: @EPP_Nicaragua, @DanielOrtega_Ni

Saludo: Dear President/ Estimado Presidente

Le recomendamos que envíe una copia de su apelación a la embajada de Nicaragua en su país, preguntando si es posible que puedan reenviarla y recibir algún comentario. El siguiente enlace es útil para encontrar detalles de contacto con embajadas de Nicaragua en su país: Embajadas de Nicaragua en el Exterior.

Una carta o petición firmada por un miembro eminente o destacado de su Centro, puede hacer que su carta o apelación tenga más probabilidades de ser considerada. Del mismo modo, si su apelación se publica en su prensa local y se copia al embajador de Nicaragua, esto también puede tener un mayor impacto.

**Por favor, contacte a PEN Internacional, en Londres, si usted envía apelaciones después del 30 de septiembre de 2018**

Por favor, manténganos informados de cualquier acción que realice, incluyendo cualquier respuesta que reciba de las autoridades.

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Los miembros de PEN son alentados a:

  • Publicar artículos y textos de opinión en la prensa local o nacional de su país, destacando la situación en Nicaragua.
  • Organizar eventos públicos, lecturas escénicas, conferencias de prensa o demostraciones.
  • Compartir información en redes sociales sobre el clima de libertad de expresión en Nicaragua y sus actividades.

Recuerde informarnos de sus actividades y enviarnos algún informe o notificación sobre ellas para que nosotras podamos también compartirla con otros Centros.

Antecedentes

Las tensiones ya eran altas en abril de 2018, tras la lenta respuesta del gobierno nicaragüense en la lucha contra los incendios forestales en la Reserva Biológica Indio Maíz. Sin embargo, cuando el gobierno anunció reformas al sistema de seguridad social del país el 18 de abril de 2018, las protestas pacíficas cobraron impulso. En respuesta, las autoridades nicaragüenses y los grupos progubernamentales han intentado reprimir sistemáticamente la disidencia mediante el uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios, hostigamiento, intimidación y campañas de estigmatización. Como resultado de la respuesta violenta, las protestas se han extendido por todo el país y se han convertido en llamados a reformas políticas y la renuncia del presidente Daniel Ortega.

A mediados de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que al menos 322 personas murieron y miles más resultaron heridas en las protestas. Según informes, la gran mayoría de los ataques han sido perpetrados por grupos armados y fuerzas policiales progubernamentales. Entre los muertos se encuentran estudiantes universitarios, manifestantes, niños y el periodista de televisión Ángel Eduardo Gahona López, que fue asesinado a tiros en Bluefields el 21 de abril durante una transmisión en vivo de Facebook mientras informaba sobre las protestas.

Los escritores, periodistas, blogueros y ciudadanos que han sido informando sobre la situación actual han enfrentado intimidación, amenazas, ataques, hostigamiento, así como el robo y la confiscación de sus equipos.

Sólo un día después del estallido de las protestas, PEN Nicaragua denunció ataques a 12 miembros de la prensa nicaragüense y llamó la atención sobre la decisión del gobierno de bloquear la transmisión de varios canales de televisión, incluidos Canal 100% Noticias, Canal 12, Canal 23 y Canal 51, entre otros. Un día después, el 20 de abril, grupos progubernamentales incendiaron la sede de Radio Darío con varios miembros de su equipo todavía adentro; todos escaparon ilesos. Para mayo, al menos 15 periodistas que trabajaban en tres de los principales canales de televisión del país habían renunciado en protesta por la censura del gobierno.

Según el Centro PEN Nicaragua, en el mes de Agosto, el equipo periodístico del Canal 10, el de mayor cobertura y penetración nacional, han sido amenazados y el gobierno ha hecho varios intentos de intervenir el canal. 

En lugar de investigar acusaciones consistentes y creíbles de violaciones de derechos humanos, el gobierno ha culpado a los líderes de las protestas, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación; campañas de difamación ―que incluyen etiquetar a las voces pro-oposición de "terroristas" o acusarlas de "intentar derrocar al gobierno"― y las amenazas de enjuiciamiento se han convertido en la norma.

En mayo, tres miembros de PEN Nicaragua, Yaser Morazán, Pierre Pierson y Gioconda Belli, fueron acusados de estar detrás de una supuesta conspiración terrorista para derrocar al gobierno en un video anónimo que circuló en las redes sociales. Tales campañas amenazan la integridad y seguridad de sus objetivos. Más recientemente, en lo que se piensa que es un intento de influir en sus líneas editoriales, las autoridades han amenazado a los medios de comunicación independientes con el enjuiciamiento. En agosto de 2018, la Unidad de Análisis Financiero del gobierno anunció que estaba investigando a empleados de la estación de televisión independiente Canal 10 por presunto lavado de dinero. Mientras que los empleados de la estación de televisión 100% Noticias informan que también enfrentan amenazas de muerte y amenazas de enjuiciamiento.

Los medios de comunicación han expresado su preocupación de que puedan ser procesados en virtud de la nueva legislación aprobada por la Asamblea Nacional el 16 de agosto, que incluye nuevos delitos relacionados con el terrorismo, incluido el financiamiento del terrorismo. Tales preocupaciones se intensifican dado que los juicios actuales de personas acusadas en conexión con su participación en protestas tienen serios errores y fallas en el debido proceso según el reporte del Mecanismo Especial de Monitoreo de la CIDH para Nicaragua como el de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A PEN International le preocupa profundamente que las autoridades nicaragüenses hayan restringido el acceso de observadores independientes, como la prensa o las Naciones Unidas, a los procedimientos judiciales, incluida una audiencia del 15 de agosto sobre el asesinato del periodista Ángel Eduardo Gahona López.

Para más información, por favor, contacte a Emma Wadsworth-Jones en PEN International, Koops Mill Mews, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, Tel.+ 44 (0) 20 7405 0338, email: emma.wadsworth-jones@pen-international.org